Dos Erres Massacre

Type of crimes: Murder, Crime of Duties against Humanity, and Aggravated Theft

Accused: Carlos Antonio Carias Lopez, Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun and Daniel Martínez Méndez

Place of origin: Guatemala

Decision Date: August 2, 2011

The Court found that the Dos Erres Massacre was the result of a military operation against the civilian population of the Las Dos Erres community in the municipality of La Libertad in the department of Petén planned by the senior commanders of the Guatemalan Army and carried out by an elite special forces unit patrol of the Guatemalan Army called the Kaibiles. This community had been classified as guerrilla sympathizers in a "red zone." To carry out this mission, the high command of Military Zone 23 of the municipality of Poptun, Peten provided the Kaibil patrol with logistical support, forty soldiers, and a guide knowledgeable about the region. In addition, they received support from the military detachment located in the village of Las Cruces, under the command of reserve Second Lieutenant Carlos Antonio Carias Lopez, Reyes Collin Gualip, Specialist Corporal Daniel Martinez Mendez, and Specialist Manuel Pop Sun. On December 6, 1982, at approximately ten at night, with the help of the guide, the Kaibil patrol left in trucks from the Santa Elena Air Base to the Las Dos Erres community. When they arrived, they organized into groups under the command of their respective leaders and occupied their combat positions according to the pre-established operational plan. At approximately two in the morning on December 7, 1982, the patrol violently evicted the residents from their homes, detaining the men and elderly in the Las Dos Erres Mixed Rural School, and the women and children in the evangelical church. Subsequently, the military patrol extracted the women from the church and proceeded to rape the women, including girls, pregnant women, and older women. Then, they interrogated and tortured the men from the community to obtain relevant information for the Army. In the afternoon, they forced five young women who had been raped to cook lunch for the entire patrol. At approximately 1pm, the members of the military patrol began to murder the civilian population of Las Dos Erres. Some were taken to a water well that was under construction, where they started by throwing the children into the well. They then took men and women of different ages to the same well, interrogated them about the location of rifles believed to be in the community, and, when they did not get answers, they hit them on the head and threw them into the well to hide their crimes. In addition, they shot and threw grenades into the well to ensure that no one survived. They killed the rest of the group who tried to escape, shooting them as they ran up the mountain. The Kaibil patrol murdered more than two hundred and fourteen people. Evidence presented in court included survivor testimonies, forensic reports from exhumed mass graves, and military records. Testimonies revealed that soldiers used extreme violence, including sexual assaults and brutal murders. Witnesses described how soldiers blindfolded villagers, interrogated them, and then executed them, often throwing the bodies into a well. In his military expertise, the expert Rodolfo Robles Espinoza identified the chain of command and how the operations were planned, indicating modus operandi of the military was the same used throughout Latin America pursuant to the National Security Doctrine developed in the United States. He explained that what happened in Dos Erres was not an isolated incident, but rather part of a broader counterinsurgency strategy of the Guatemalan army that began in the 1980s after General Ríos Mont took power via the coup d'état. Under his leadership, the strategy against insurgents intensified and was planned at the highest levels as also happened in many Latin American countries at the time. The military experts explained the concept of the internal enemy referred to anyone who was a communist, a sympathizer, or supported communism in some way. The political and military strategy used in the massacre was outlined in an army proclamation issued on March 23, 1982, a government statute, and the National Security and Development Plan, which expressly linked development to security as a way to justify their actions. The court sentenced the defendants to 6,030 years of incommutable prison for murder, thirty years of prison for crimes against humanity, and six years for aggravated robbery.

Tipo de delitos: Asesinato, Delito de Deberes contra la Humanidad y Hurto Agravado

Acusados: Carlos Antonio Carias Lopez, Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun y Daniel Martínez Méndez

Lugar de origen: Guatemala

Fecha de la Decisión: 2 de agosto de 2011

La Masacre de las Dos Erres consistió en un plan militar preconcebido por los mandos superiores del Ejército de Guatemala, que asignó a la patrulla Kaibil la ejecución de un operativo militar contra la población civil del parcelamiento Las Dos Erres, situado en la jurisdicción de la aldea Las Cruces, municipio de La Libertad, departamento de Petén. Esta comunidad había sido catalogada como simpatizante de la guerrilla, una "zona roja". Para cumplir con esta misión, la patrulla Kaibil contó con apoyo logístico, una dotación de cuarenta soldados entrenados y un guía conocedor de la región, proporcionados por los altos mandos de la Zona Militar número veintitrés del municipio de Poptún, Petén. Además, recibieron apoyo de elementos del destacamento ubicado en la aldea Las Cruces, bajo el mando del subteniente de reserva Carlos Antonio Carías López [1], Reyes Collin Gualip, Cabo Especialista, Daniel Martínez Méndez, Especialista Manuel Pop Sun, cabo especialista sub instructor Kaibil miembro del grupo élite de la patrulla especial del Ejército de Guatemala [2]. El seis de diciembre de 1982, aproximadamente a las diez de la noche, con la ayuda del guía, la patrulla Kaibil la patrulla partió a bordo de camiones desde la Base Aérea de Santa Elena hacia el Parcelamiento Las Dos Erres. Llegaron a las cercanías del lugar, donde se distribuyeron en grupos organizados bajo el mando de sus respectivos jefes y ocuparon sus puestos de combate según el plan operativo preestablecido. Aproximadamente a las dos de la mañana del siete de diciembre de 1982, el Grupo de Asalto de la patrulla, desalojaron violentamente a los pobladores de sus casas, concentrando a los hombres y ancianos en la Escuela Rural Mixta de Las Dos Erres y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica [3]. Posteriormente, la patrulla militar extrajo a las mujeres de la iglesia y procedieron a violarlas sexualmente, incluyendo a niñas, mujeres embarazadas y ancianas. Luego, interrogaron y torturaron a los hombres de la comunidad para obtener información relevante para el Ejército. En horas de la tarde, durante el almuerzo, forzaron a cinco mujeres jóvenes que habían sido violadas a cocinar para toda la patrulla. Aproximadamente a las trece horas, los miembros de la patrulla militar comenzaron a asesinar a la población civil de Las Dos Erres. A algunos los llevaron a un pozo de agua en construcción ubicado en la parcela del señor Juan Arévalo, donde primero asesinaron a los niños arrojándolos al pozo. Luego llevaron a hombres y mujeres de diferentes edades al mismo pozo, los interrogaron sobre la ubicación de unos fusiles y, al no obtener respuestas, los golpearon en la cabeza con almáganas y los arrojaron al pozo para ocultar sus crímenes. Además, dispararon armas de fuego y lanzaron granadas de fragmentación al pozo. Al resto del grupo los mataron en el camino a la montaña, disparándoles con armas de fuego. La patrulla kaibil asesinó a más de doscientas catorce personas con el propósito de destruir completamente al grupo nacional del Parcelamiento de Las Dos Erres [4]. La evidencia [5] presentada en el tribunal incluyó testimonios de sobrevivientes, informes forenses de fosas comunes exhumadas y registros militares. Los testimonios revelaron que los soldados usaron una violencia extrema, incluyendo asaltos sexuales y asesinatos brutales. Los testigos describieron cómo los soldados vendaban los ojos a los aldeanos, los interrogaban y luego los ejecutaban, a menudo arrojando los cuerpos a un pozo. El perito Rodolfo Robles Espinoza en su peritaje militar definió la cadena de mando y la forma de planificación del operativo, indicando que la doctrina de seguridad nacional coincidía con la mentalidad de los militares en toda América Latina y en Guatemala tuvo una incidencia fundamental para el desarrollo de las actividades contrainsurgente [6]. Explicando que Lo que ocurrió en el parcelamiento las Dos Erres era parte de la concepción de guerra de baja intensidad, no fue cuestión aislada de un grupo de kaibiles que entraron, sino que es parte de toda una planificación. En cuanto a la estrategia contrainsurgentes del ejército de Guatemala, determinó que el poder contra insurgente influyó en la estrategia militar porque prácticamente todo el Estado estaba en función de la lucha contra los insurgente eso es lo que pasó en la década de mil novecientos ochenta y a partir del veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y dos cuando se produce el golpe de Estado que lleva al General Ríos Mont, se intensificó la estrategia contra insurgentes con una concepción que ya se llevaba en muchos países de América Latina, mediante una planificación de los niveles superiores hacia los niveles subordinados, fue una planificación de carácter político, una planificación de carácter Determinó la masacre como un plan estratégico militar y una planificación de carácter fáctico que es la que se da en los campos en donde se realiza la acción de combate en la zona militar. El peritaje militar abordó el concepto de enemigo interno refiriéndose a enemigos del Estado así lo consideraba la inteligencia militar, todo lo que era comunista o simpatizante o apoyada de alguna manera al comunismo que recibía la inteligencia militar mandatos desde el exterior. En cuanto al planeamiento político y estratégico militar después del veintitrés de marzo del ochenta y dos se produce la proclama del ejército, se produce el estatuto de Gobierno y son dos aspectos muy importantes que tienen relación es el Plan Nacional de Seguridad y desarrollo que se emite en abril y el plan sincroniza los aspectos del desarrollo y los aspectos de la seguridad el desarrollo que va hacia el bienestar general y la seguridad que es la cubierta necesaria para que se produzca el desarrollo, hasta allí era en donde se producía prácticamente el plan nacional y desarrollo. El tribunal condenó a los acusados a 6030 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato de los cuales debían cumplir 50 años de acuerdo a lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, treinta años de prisión por el delito de Delitos contra los deberes de humanidad y 6 años por el delito de hurto agravado [7].

[1] Página 4.

[2] Página 4.

[3] Página 5.

[4] Páginas 5 a 10.

[5] Páginas 34 a 244.

[6] Página 35.

[7] Páginas 262 y 263.